dimarts, 24 de novembre de 2009

Aquí no hay quien muera

Este es un artículo que me hubiera gustado no tener que escribir. Nuestro hijo quieto Lluís Serra Pablo, alias Llullu, falleció el 24 de julio. Hoy se cumplen, pues, cuatro meses justos de su muerte. El motivo de este runrún es intentar fijar el tortuoso camino de su desaparición administrativa, que concluyó el miércoles pasado. Llullu murió en un local público, de modo que el protocolo exigía la presencia de un juez para levantar el cadáver y una autopsia posterior para determinar la causa de la muerte. Por fortuna, el oficial de los Mossos que acudió aceptó simplificar los trámites. Llamamos al neuropediatra de Llullu y este certificó que la parálisis cerebral que padecía causó su muerte, con lo cual nos ahorramos la espera del juez y una autopsia innecesaria. Este fue el único momento en el que se impuso el sentido común, y aún vino dado por un factor Vip del que no pienso ni vanagloriarme ni avergonzarme; sólo lo constato: el oficial (desconozco tanto su grado como su nombre) que dio tal muestra de sensatez había leído Quiet y conocía el caso concreto de Llullu. No voy a detenerme en los detalles más macabros de la transacción funeraria, con sus ataúdes, sus urnas y sus musiquillas, porque nada tengo que objetar, pero el servicio jurídico ya es otra cuestión.

Durante la primera semana de agosto recibí un par de llamadas antológicas. En un tonillo digno de línea erótica en huelga de celo, una oficinista me riñó por no haber presentado el certificado de últimas voluntades del finado y yo le contesté que mi hijo nunca tuvo demasiada voluntad. Se hizo un silencio incómodo, que yo mantuve, y entonces ella preguntó si el finado era menor. Pues sí: 9 años de edad y un grado de discapacidad del 85%. Acabáramos. Pero el tonillo no cambió e incluso me interrumpió para hacerme esperar un segundet . Al cabo de tres días volvió a llamarme y a reñirme. No habían podido dar de baja al finado de la Seguridad Social porque no constaba. Cuando le comuniqué que Llullu estaba adscrito a la ley de Dependencia me dijo que con la Generalitat no trabajaban y que tendríamos que ser nosotros quienes tramitáramos la baja. Tras un mes de duelo lejos de casa, durante la última semana de agosto nos dispusimos a hacer trámites mientras nos enfrentábamos al penoso vaciado de armarios. Nada fue sencillo ni pudo hacerse por teléfono. Al tramitar la baja de la prestación de la Dependencia, nos advirtieron que igual tardaban meses en retirárnosla (tal como tardaron meses en concedérnosla) y que, sobre todo, no nos gastáramos ese dinero, porque tendríamos que retornar el importe correspondiente al período post-mortem. ¿Tanto cuesta apretar una tecla para cursar una baja por defunción? Para acabarlo de rematar, el pasado 13 de octubre nos llamaron a casa desde el Parc Sanitari Pere Virgili para informarnos de unos pequeños cambios en la ley de Dependencia de los que se podría beneficiar nuestro hijo Lluís. Les felicité por la ampliación de competencias al más allá.

También dimos de baja la plaza de minusválido que nos habían concedido para aparcar delante de casa. A pesar de renunciar a un privilegio, tuvimos que desplazarnos a la sede del distrito y solicitarlo por escrito. Lo hicimos con cara de tonto el 26 de agosto y hasta el miércoles, 18 de noviembre, no apareció la brigada que arrancó la señal y borró con alquitrán los últimos vestigios visibles de que en la calle del Canonge Almera vivió una vez el gran Llullu, patrón de los quietos, de cuyo recuerdo disfrutamos como de una gran herencia. A no ser que la ley de sucesiones...

Màrius Serra. La Vanguardia. Dimarts, 24 de novembre de 2009.

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